La pandemia que se vive en el mundo y, de forma particular en México, por el virus del SARS-COV2 que provoca la enfermedad del COVID-2019, ha generado impactos importantes en diversos ámbitos, tales como el económico, educativo, salud y en la sociedad en general.
En este sentido, una de las principales problemáticas que ha seguido en aumento es la violencia, particularmente la que viven mujeres y niñas en México, con motivo del confinamiento obligatorio que ellas han debido tener -en su mayoría- al seno del núcleo familiar y en donde, lamentablemente, se han visto orilladas a continuar conviviendo con sus agresores.
En este contexto es necesario visibilizar que la violencia contra las mujeres y las niñas representa una grave violación a sus Derechos Humanos y es por ello que esta situación se encuentra regulada en el orden jurídico internacional -así como nacional- en diversos ordenamientos cuya finalidad es prevenir, atender, sancionar y erradicar este tipo de conductas.
Al respecto, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece que (1):
“Los Estados Parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”.
Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, define a la violencia contra la mujer como (2):
“Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Del mismo modo insta que, son Derechos de la Mujer, el que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, a la libertad, la seguridad personal, a no ser sometidas a torturas, a que se respete su dignidad, proteja a su familia, igualdad de protección ante la Ley, a la libertad de asociación, libertad de profesar la religión que así desee, a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Obliga a que los Estados Parte condenen todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.
De igual manera, en nuestro marco jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1° establece que, “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a ello que, está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
A este respecto, la Ley General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece las modalidades para garantizar sus alcances con la finalidad de favorecer su bienestar y desarrollo, y que las mismas sean conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.
Precisa que, el objeto de la citada Ley es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el entonces Distrito Federal ahora Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y define a la violencia contra la mujer como: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”(3).
En este orden de ideas, la ONU Mujeres señaló en su documento intitulado “COVID-19 y su impacto en la violencia contra las mujeres y niñas” que, a nivel global, 243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física y/o sexual a manos de su pareja, que 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de su familia, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda y menos del 10% de quienes lo hacen recurren a la policía (4).
En nuestro país el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana reveló que, el total de delitos que se cometieron en contra de mujeres fueron 888,097, entre los que resaltan aquellos cometidos contra el patrimonio, la familia, libertad y seguridad sexual, homicidio doloso, trata de personas y feminicidio, sumando un total de 153,229 víctimas(5).
También señaló que el total de feminicidios que se han presentado de enero a junio de este año han sumado por lo menos 473. Que los Estados y Alcaldías con mayor incidencia han sido el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Tijuana, Juárez, Culiacán, Monterrey, la Alcaldía Gustavo A. Madero y Tlalpan, respectivamente.
Precisó que en los delitos de corrupción de menores se han acumulado por lo menos 759 víctimas, en el delito de trata de personas 213, por violación ya son 7,887 víctimas y por violencia familiar se han acumulado 104,331 víctimas en lo que va de este primer semestre del año.
ONU MUJERES también ha señalado que las medidas de aislamiento y restricción de movimiento dictadas frente a la pandemia han tenido repercusiones como: mayores niveles de estrés, inseguridad económica y alimentaria, disminución de ingresos y desempleo; aumento de las agresiones para intimidar o degradar a las mujeres y niñas a través de internet; aumento de la violencia contra niñas, niños y adolescentes quienes pueden ver vulnerados sus derechos a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, entre otros; mayor exposición a la explotación sexual de las mujeres y jóvenes en contextos de informalidad laboral o precarización de condiciones de trabajo; constantes obstáculos para acceder a servicios esenciales por parte de mujeres y jóvenes que están en situaciones de mayor vulnerabilidad o que enfrentan múltiples formas de discriminación, por ejemplo, mujeres con discapacidad, trans, migrantes, refugiadas, desplazadas, indígenas y mujeres que viven en zonas rurales o asentamientos informales; paralización del acceso a la justicia para las sobrevivientes de violencia a medida que las instituciones estatales reducen las operaciones; falta de acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva debido al cambio en las prioridades de atención en el sector salud; falta de recursos para los refugios con el objetivo de hacer frente a las necesidades que actualmente requieren mujeres y niñas víctimas de violencia, entre muchos otros no menos importantes.
Es por todo esto y en razón de lo anterior que, si bien es cierto que la pandemia provocada por el COVID-19 demanda nuestra atención inmediata -respecto de la adopción de medidas necesarias para prevenir y atender proactivamente esta contingencia-, también lo es que existen otras pandemias que viven en la sombra, que se visibilizan poco y atienden de forma insuficiente aumentando de forma desmedida y desproporcional.
Es necesario entonces que los gobiernos, particularmente el de nuestro país, reformulen las medidas de mitigación de la violencia contra las mujeres y niñas en todos y cada uno de sus planes de seguridad, principalmente cuando se presentan situaciones como la que hoy atravesamos, es decir, una contingencia sanitaria en donde las mujeres y las niñas están en constante peligro pues el confinamiento es justo con su agresor o agresores.
Resulta imperante la coordinación entre todos los niveles de gobierno, con el principal objetivo de adoptar las medidas necesarias para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla.
Nuestro país requiere la ejecución de acciones contundentes, comprometidas y encaminadas a garantizar a nuestras mujeres y niñas una vida libre de violencia, una nación en donde se sientan plenas y tranquilas.
Urge una debida atención de los casos que se presentan por violencia, dotar a los refugios y centros de atención y protección de las mujeres de lo necesario para que sigan operando y aseguren en todo momento un debido acompañamiento de la víctima.
La violencia contra las niñas y mujeres no puede ser una conducta vista de forma normal, es una realidad que avanza a pasos agigantados y con la que se debe terminar.
Debemos poner un alto y decir ya basta de violencia, acabar con los asesinatos de niñas y mujeres en México y el mundo.
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#pornuestrosderechos
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#portodaslasmujeres
#porelderechoavivirlibressinviolencia.
