“Bobbio respaldaría la expresión de Churchill: lo único que salva a la democracia es que el resto de las formas de gobierno son mucho peores. Toda elección política es una elección entre males”.
–Jesús Silva-Herzog Márquez,
“La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política”-
El patrimonialismo es una forma de ejercer el poder y fue una de las principales características del presidencialismo mexicano, hasta antes de la transición, donde los gobiernos que se sucedieron, en mayor o menor medida, fueron creando y fortaleciendo instituciones para ejercer y equilibrar el poder con el único fin de evitar su concentración en un solo individuo y fortalecer así la democracia mexicana.
A más de dos años de ejercicio de gobierno, el presidente López Obrador ha demostrado -con hechos- su visión patrimonialista de ejercer el poder. Su estilo personal de gobernar nos remite a un ensayo que escribió José Fernández Santillán y que fue publicado en la revista Este País. Ahí, nos recuerda que fue Max Weber quien señaló como las principales características del patrimonialismo a aquella donde el soberano es visto como el señor que dispensa su favor y su gracia al pueblo; donde los puestos públicos no son asignados por capacidad y competencia sino por lealtad y simpatía; donde no hay una forma estricta y regulada de los funcionarios sino una nominación que obedece a la conveniencia de quien posee la autoridad; donde la actividad de dichos funcionarios con frecuencia se extiende más allá de los que les está expresamente señalado; donde el desempeño de los cargos se remunera sobre todo por el usufructo que de ellos se pueda hacer; donde se obedece más a la disposición individual del gobernante que a leyes fijas y establecidas.
Increíble es que, a más de dos décadas de iniciada la transición mexicana, debamos referirnos a ella recordando que uno de sus principales retos fue desechar esa visión patrimonialista de ejercicio del poder, impulsando por medio del consenso su cara opuesta: la autoridad legal racional. Distinguiéndose como principales características el ejercicio del poder con base en la ley; el ámbito del servicio público limitado objetivamente por una estricta asignación de funciones; el pago de los funcionarios se constriñe al sueldo; los puestos públicos, en su gran mayoría, se asignan por concurso y el ascenso está estrictamente reglamentado; los funcionarios pasan por una formación profesional rigurosa; no hay apropiación del cargo por parte de quien lo ejerce.
Fernández Santillán refiere en dicho ensayo que, fue Gina Zabludowsky quien señaló en su libro “Patrimonialismo y modernización” que, para transitar del patrimonialismo al sistema de autoridad legal racional, se debe, necesariamente, adoptar un marco institucional inspirado en una verdadera división y equilibrio de poderes.
De igual forma, a más de dos años de actividad legislativa de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del Partido MORENA -y sus aliados- han demostrado el fortaleciendo de la visión patrimonialista del ejercicio del poder del presidente López Obrador. Han actuado en forma consciente en contra de la norma constitucional, al aprobar, a velocidad nunca antes vista, proyectos de ley enviados por el titular del Poder Ejecutivo que contradicen el texto constitucional, sin mayor discusión ni modificación. Proyectos legislativos que lejos de construir un mejor futuro para México, atentan contra el Estado de Derecho y seguridad jurídica; en su caso, afectando los compromisos internacionales firmados por México; y lo peor, comprometiendo el delicado equilibrio de las finanzas públicas mexicanas, al exponerlas a pagar posibles indemnizaciones derivadas de arbitrajes internacionales, por modificaciones propuestas en ley, a compromisos acordados previamente por México y cambiados unilateralmente.
Por ello, César Cansino nos recuerda en su libro “El evangelio de la transición y otras quimeras del presente mexicano” que la democracia le teme a cualquier tipo de unanimidad.
Dado que, es la vía electoral el camino para poner y quitar gobernantes y legisladores, para ratificar o castigar malos gobiernos y desempeños legislativos, es la “cláusula de gobernabilidad”, el mecanismo establecido en la Constitución -desde 1996- que establece que, ningún partido político nacional podrá sobrepasar el 8% de su porcentaje de votación nacional emitida, para la asignación de curules en la Cámara de Diputados, por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, pues ello provocaría una sobrerrepresentación del partido beneficiado, vulnerándose así, la Constitución.
El pasado martes 27 de abril, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el Acuerdo INE/CG193/2021, emitido por el Instituto Nacional Electoral por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, también conocido como “cláusula de gobernabilidad”. Acuerdo que contempla lo señalado por la Constitución, pues conforme a la legislación electoral una persona puede estar afiliada en el partido A, ser postulada por el partido B y de ganar, integrarse al grupo parlamentario del partido C, lo que busca evitar alterar la proporcionalidad entre la votación obtenida por los partidos en coalición y su presencia en la Cámara de Diputados.
Es decir, el Acuerdo que fue ratificado por sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación busca señalar el mecanismo que ya está establecido en la Constitución, donde se atenderá a un criterio de “afiliación efectiva”, es decir, la candidata o candidato será visto como perteneciente a un partido político nacional en calidad de militante, al momento del registro de su candidatura, con independencia de ser postulada/o por el partido B y de ganar, integrarse al grupo parlamentario del partido C. En el caso de candidaturas externas, se resolverá de acuerdo a lo planteado en el Convenio de Coalición celebrado por los partidos involucrados.
Dicha sentencia, lejos de “atentar contra la democracia”, como ha señalado el presidente López Obrador y dirigentes del partido MORENA, la fortalece. Pues en las democracias el mecanismo fundamental por el cual se controlan los abusos del poder, es estableciendo mecanismos de freno y contrapeso, mismos que están establecidos en la Constitución. Reglas claras que han sido consensuadas entre los diversos actores políticos para fortalecer las instituciones de México.
Sobra decir que, el partido MORENA, fue beneficiado por la “cláusula de gobernabilidad” en las pasadas elecciones de 2018. Pues su coalición “Juntos Haremos Historia” postuló 292 candidaturas de mayoría relativa, de las cuales al partido MORENA se le asignó el mayor número de curules, respecto a sus aliados de coalición. Es decir, al momento de conformar los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de MORENA obtuvo el 50% de curules, cuando su votación fue de 37%. Esto debido a que varios de sus militantes fueron postulados por sus aliados de coalición. Por ello la “afiliación efectiva” del Acuerdo del INE pretende evitar este fraude a la Constitución y obtener así una sobrerrepresentación.
César Cansino destaca en su ensayo que, la ciencia política ha aportado la categoría: “democracia de calidad”. Según esta categoría la calidad de las democracias alude a las condiciones mínimas para hablar de un auténtico Estado de Derecho, a saber: 1) el imperio de la ley; 2) transparencia y rendición de cuentas; 3) la reciprocidad entre representantes y representados, es decir, correspondencia y capacidad de respuesta de los detentadores legítimos del poder en la satisfacción de las demandas ciudadanas y de la sociedad civil en su conjunto; 4) la ampliación de los derechos humanos; y, 5) la disminución de las inequidades sociales.
Es decir, la calidad de nuestra democracia nos permitirá observar, identificar y proponer el mejoramiento integral de nuestro régimen político, teniendo el deber de fortalecer su desempeño institucional. Esta intención de mejorar y construir ha ido presentándose, en mayor o menor medida, con los gobiernos que se han sucedido a partir de la transición. El proceso ha caminado hacia la consolidación democrática, nunca, para regresar a la visión patrimonialista del poder en manos de un solo individuo.
