La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, acceso a la salud y, en especial, la asistencia médica.
En consonancia, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Asimismo, exige a los Estados firmantes la adopción de medidas para asegurar asistencia médica en caso de enfermedad.
Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre prevé que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a -entre otros aspectos- la asistencia médica.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el compromiso de los Estados de adoptar, en la medida de los recursos disponibles, las disposiciones que permitan la efectividad de los derechos sociales, entre ellos la defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica.
Es claro entonces que, en el goce del Derecho a la Salud, la carga de cumplimiento y ejecución del mismo es exigible a las autoridades gubernamentales de cada Estado-Nación. En este orden de ideas, los diversos países han establecido disposiciones para la operación de sistemas de salud, y en la gran mayoría de los casos adoptado la ejecución de la misma.
Al respecto, es necesario precisar que los referidos sistemas sanitarios abarcan un amplio espectro que varía desde la completa intervención y subrogación de los servicios de salud por la iniciativa privada, hasta la total operación de los mismos por los respectivos gobiernos.
Independientemente de las profundas diferencias existentes entre los países -que derivan de entre otras variables- la ratio poblacional, así como de la generación y aplicación de recursos a la salud, la operación eficiente y sostenible de los sistemas sanitarios, siempre ha enfrentado diversos retos.
Los indicadores de gestión hospitalaria, alrededor del mundo, arrojan una proporción media de poco más de 3 camas por cada 1,000 habitantes, con diferencias desde 14 camas en Groenlandia hasta 0.1 en Malí, donde México apenas cuenta con 1.5 camas por cada1,000 habitantes.
La problemática de los sistemas de salud no se limita a la proporción de camas hospitalarias por habitantes, pues muchos de ellos llevan años saturados con la demanda regular, con brechas importantes de infraestructura, equipamiento y recursos humanos.
Si a ello se añade una situación extraordinaria como la que a nivel mundial nos enfrentamos en la actualidad, derivada de la pandemia por el COVID-19, en el que hemos sido testigos de, al menos, tres aspectos compartidos por las autoridades de cada país:
1. Toma de decisiones basadas en un criterio de priorización de la salud pública o el sostenimiento de la economía;
2. La falta de información contundente para poder establecer medidas de prevención eficientes y eficaces; y
3. Sistemas sanitarios (públicos) que están concebidos por administradores hospitalarios considerando los recursos disponibles y con base en estadísticas históricas.
No sorprende entonces que casi todos los sistemas de salud se hayan visto rebasados o potencialmente saturados, ante la crisis sanitaria mundial donde se requieren más recursos que los disponibles.
Más allá del estado de urgencia en que se está, un aspecto que ha sido palpable a partir de este escenario compartido es justamente la frágil sostenibilidad de los sistemas de salud.
Este panorama nada halagüeño se intensifica en países en los que i) no se cuenta con la infraestructura suficiente para la atención y asegurar la salubridad general de la población; ii) existe una importante brecha de desigualdad social; y, iii) el Estado prioriza un criterio económico más que de costo-eficiencia, como es el caso de México.
Ante las circunstancias actuales, en las que todos los países han estado actuando bajo criterios de error-acierto, a efecto de sostener el delicado equilibrio entre salud pública y economía, es necesario y prudente plantearse la pregunta si es sostenible la gestión sanitaria tal y cuál se ha venido haciendo, o si se aprovecha esta coyuntura para redirigir el rumbo y realizar cambios que a mediano plazo aseguren una atención de calidad y eficiente, a efecto de garantizar que verídicamente se cumpla con la obligación estatal de que la población tenga asistencia médica.
En lo particular, México y sus autoridades tienen un reto importante, en el que se debe analizar qué medidas se acercan más a cumplir con este Derecho y cuáles, por el contrario, lo están poniendo en riesgo.
