El marco legal mexicano ha experimentado importantes avances en materia de Derechos Humanos en los últimos años, pero es a partir de la reforma de julio de 2011, que la Constitución elevó de nivel todas las normas contenidas en los tratados firmados por el Estado Mexicano. Se estableció el principio pro persona, es decir, que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley.
Esta equivalencia de los Derechos Humanos contenidos en los tratados de los que México es parte -así como de las normas constitucionales mexicanas-, representa una mejora en la dirección correcta y constituye un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad. Pero, como se comenta a continuación, en la práctica ha enfrentado importantes desafíos.
México vive desde hace varios años una crisis en materia de Derechos Humanos que se caracteriza por una situación de violencia e inseguridad, índices críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y sus familiares. Las situaciones de violencia se incrementaron hasta alcanzar niveles preocupantes, desatando con ello, pérdidas de vidas humanas, desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.
El efecto de la violencia y las violaciones de los Derechos Humanos es especialmente grave y desproporcionado para las personas en situación de pobreza, incluidos inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos; mujeres, niños y adolescentes; y defensores de estos derechos, periodistas y pueblos indígenas, entre otros.
La impunidad es la causa fundamental que ha permitido el desarrollo de una crisis en este tema, creando un clima de violencia generalizada que es llevada a cabo, tolerada o ignorada por el Estado y nos aleja de cualquier esperanza de justicia. La actual crisis de violaciones a los Derechos Humanos en México es en parte, consecuencia de la impunidad que ha persistido desde hace tiempo y ha fomentado su repetición hasta ahora.
Ante esta situación la implementación de la respuesta del Estado Mexicano ha tropezado con deficiencias y obstáculos, entre ellos la falta de coordinación entre el marco legislativo, judicial y la realidad cotidiana que enfrentan millones de personas en el acceso a la justicia y la prevención de la violencia.
A pesar del cambio de administración en diciembre de 2018, en la práctica no se han producido cambios importantes en las políticas de seguridad y los niveles de violencia; el gobierno ha tenido que enfrentar una multitud de desafíos urgentes en materia de estos derechos. En este contexto, son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas, así como la situación de inseguridad de mujeres, niños, migrantes, defensores y periodistas, víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, acoso y amenazas. Además, México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Por su parte, víctimas, familiares y defensores, se han encontrado con barreras con las que han tropezado en su búsqueda de justicia, así como su desconfianza hacia las autoridades. Mientras tanto, el Estado debe cumplir con su deber de investigar, encontrar, identificar y devolver a las víctimas con la debida diligencia.
Actualmente, la tarea del Gobierno de México se debe duplicar en esfuerzos para fortalecer el marco institucional del país y así enfrentar su indiferencia en el apoyo a los Derechos Humanos y la realidad que afrontan una gran cantidad de habitantes que buscan acceder a una justicia pronta y efectiva.
Por lo tanto, el gran desafío del Estado radica en combatir la impunidad que ha dominado en los últimos años, a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violar los multicitados derechos, y asegurar que los avances normativos generen mejoras reales en la vida de todas las personas en el país.
El fenómeno de la impunidad en México se produce, entre otras razones, por la falta de capacidad institucional de las instancias de investigación y por la falta de voluntad de las propias autoridades para investigar y sancionar casos en los que se encuentren involucrados integrantes de sus propias instituciones. El Estado, por su parte, debería reconocer la existencia de fallas estructurales en el sistema de justicia, y la necesidad de adoptar una serie de medidas concretas para reducir los altos niveles de impunidad por graves violaciones de Derechos Humanos.
Aún con más de tres años para que la actual administración gubernamental demuestre que es capaz de lograr un cambio radical con clara mejor en las condiciones nacionales de México, la esperanza es algo que prevalece en el entusiasmo de los mexicanos; esperamos sea así.
