Les puedo asegurar que la mayoría hemos escuchado, en diversas ocasiones, el concepto de políticas públicas, término que en la cotidianeidad cada vez es más común, pero en el estricto significado del mismo, debemos tener una idea muy precisa de cómo interpretar éste y cuál es realmente el impacto que conlleva en la vida de la sociedad mexicana. En este breve artículo, intentaré poner en un contexto muy puntual la función de las políticas públicas, el origen de éstas y el proceso para su desarrollo mediante la dinámica de los Asuntos Públicos, bajo una variable de rubros que convergen entre sí; el legal, el político, el sanitario, el económico y el social. Con ello, lo único que pretendo es compartir una óptica muy personal sobre el método que en nuestra Firma de Abogados hemos hecho propio, y que nos ha permitido colaborar en proyectos de alta relevancia para la vida nacional de México. Comencemos entonces.
Según Ugarte, toda problemática o tema que involucra el bienestar colectivo relacionado con aspectos políticos, económicos, sociales, éticos, culturales y medioambientales, constituye un asunto público; luego entonces, la deliberación de éste, invariablemente, debe partir de un entorno inmediato y de las necesidades de la sociedad. Podemos decir también que, un asunto público, conlleva -en todo momento- una constante interacción entre el Estado y el gobernado, esto es, por un lado, quienes oficialmente desarrollan la política pública desde todos sus niveles y esferas de competencia, bien sea por el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial y, por el otro lado, quienes mediante una serie de peticiones, acciones, intenciones manifiestas o incidencias, exhortan al hacedor a la creación de una política pública para satisfacer una demanda social.
Así, las políticas públicas deben entenderse como los proyectos o las actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad . También podemos entenderlas como las acciones, medidas regulatorias, leyes y prioridades de gasto sobre un tema, promulgadas por una entidad gubernamental.
A continuación, los componentes de una Política Pública:
Como se observa, la metodología para la generación de políticas públicas puede variar, y su procedencia puede ser distinta, pues desde organismos desconcentrados, descentralizados o autónomos del Ejecutivo Federal y de la Administración Pública, hasta comisiones de la Cámara de Diputados, tienen el compromiso de crear dichas políticas; bien mediante reglamentos o normas oficiales mexicanas, hasta decretos a través de los que se cree una ley de carácter nacional.
A su vez, no debemos dejar de observar que, en cualquiera de los casos, debe de existir un proceso definido, fundamentado e institucional que determine las bases para que los entes del Estado estén en aptitud de provocar una política pública a través de atribuciones que así se lo permitan. Por ejemplo, el Congreso de la Unión tiene definido con precisión el proceso legislativo, mismo que debe ser constitucional -según lo disponen los propios artículos 71 y 72 de nuestra Carta Magna-, pero además, debe ser formal en lo que a su validez se refiere para respetar los procedimientos previstos en las normas constitucionales , sin dejar de mencionar que éste es, también, bicameral , lo que significa que, casi en la mayoría de los casos, transita por el Senado y por la Cámara de Diputados para su aprobación, con algunas contadas excepciones como lo son la ratificación de los tratados internacionales -cuya facultad es propia del Senado-, o la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que corresponde exclusivamente a la cámara baja.
Luego entonces, podemos decir que la política pública, resultado de metodologías relacionadas a los asuntos públicos, deben ser siempre incluyentes, lo que las hace también erga omnes, es decir, de aplicación general y para todos en lo que a su beneficio y obligación de cumplimiento se refiere.
En un ámbito puramente legal, la injerencia de una política pública es total, ya que el ejercicio del derecho está siempre basado en disposiciones jurídicas, lo que como fuente formal de las mismas pueden representarse en la legalidad. Pienso que hoy -más que nunca- es muy recurrida la figura de quienes tenemos el honor de ejercer la profesión de abogado, en lo que a la asesoría de los asuntos públicos se refiere -mediante la gestación de políticas públicas-, ya que éstas deben estar, primeramente, fundadas en derecho, pero, además, basadas en necesidades provenientes de conductas legítimas. Es entonces, el porqué del rol legal en la vida de los asuntos públicos.
Resulta difícil concebir el término de una política pública fuera de un rubro que implícitamente conlleva la misma definición (aludo al concepto política per sé), así que para intentar evitar incurrir en pleonasmos, y adicionar también el rubro económico, pretendo explicar este aspecto junto con otro componente que en su pura expresión y un claro ejemplo de resultado de un ejercicio de los asuntos públicos; me refiero a las políticas económicas. Entiéndase a éstas como la intervención del Estado a través de estrategias, planes, inversión pública, concientización de las masas, legislación y otros instrumentos en una economía, y sus objetivos suelen ser: i) la inflación; ii) el desempleo; y, iii) el crecimiento; sin que eso implique perder relación con temas de presupuesto público, las cuentas con el sector privado y el nivel de endeudamiento de nuestro país; todos ellos, resultado de políticas públicas definidas y directamente relacionadas con el comportamiento macroeconómico de México y las necesidades de la población.
Por supuesto, la estabilidad monetaria, la estabilidad de precios, la distribución del ingreso, la elevación del nivel de vida de la población, la reducción del desempleo, la conservación y explotación racional de los recursos naturales, así como el desarrollo del mercado interno, son solo algunos ejemplos de políticas públicas consolidadas en materia económica y, claro está, sus programas y las disposiciones legales que las rigen y las estrategias en las que se basan éstas, siempre deberán estar construidas por un consenso entre un sinnúmero de expertos en la materia, y publicadas, monitoreadas y ejecutadas, principalmente, por la entidad del Estado competente para ello.
Uno de los temas que más me ha apasionado como abogado, ha sido justamente el de la salud y hoy, éste se ha convertido en una prioridad no solo para los gobiernos del mundo, sino para cada uno de quienes somos parte de una comunidad que día a día pugnamos por un acceso a más y mejores terapias para poder atender las necesidades sanitarias poblacionales; claramente, los estragos provocados por una pandemia que aún sigue cobrando, lamentablemente, muchas vidas, no ha sido la excepción y ha alzado la vara sobre los requerimientos que cada vez son más y más para atender los temas sanitarios en nuestro país.
Actualmente, la relevancia que tienen las políticas públicas sanitarias son evidentes y devienen, en su mayoría, como efecto del activismo de la sociedad civil que como nicho poblacional con total legitimidad para exigir lo que por derecho la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede a todo individuo en territorio nacional, lo que han convertido en una noble causa para recordarle al Estado la necesidad de mantener enfocado sus esfuerzos en salud; la protección de la salud que como derecho Humano, Universal y Constitucional nos corresponde.
Por eso, hoy el papel que juegan los profesionales de la salud, los reguladores sanitarios, los legisladores, los funcionarios de gobierno, los proveedores de insumos de salud y, por supuesto y más importante, los pacientes, se ha vuelto por demás relevante, ya que, desde los diferentes frentes mencionados, se ha logrado la conformación de políticas públicas en salud incluyentes, reactivas, integrales y jurídicamente viables, en claro beneficio social; debemos recordar que todos hemos sido pacientes -o seguimos siéndolo-, por lo que el tema de salud es una constante que requiere actualización, observancia y atención por parte de los asuntos públicos alrededor del mundo, pero para el caso que más nos importa, de nuestro país; sobre todo, por el perfil epidemiológico característico de nosotros los mexicanos.
Podemos entonces concluir que las políticas públicas están directamente relacionadas a los asuntos públicos, y su objetivo primordial es satisfacer las necesidades sociales, mediante la rectoría del Estado y la intervención y el asesoramiento de los actores de la sociedad civil, siempre basándose en la legalidad, el derecho para mantener un orden, una economía y una política acorde a la función gubernamental, pero más aún, a las nuevas demandas de la comunidad; la salud nos es excepción.
