Dentro de unos meses, nuestro país enfrentará unas elecciones muy complicadas en el contexto de la crisis de salud provocada por la epidemia del virus SARS-CoV-2, la fuerte polarización política, la crisis económica sin precedentes y la violencia criminal que envuelven al país.
Desde el 7 de septiembre de 2020, las y los consejeros acordaron iniciar formalmente las actividades con rumbo a los comicios próximos, para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 Estados del país. Para la jornada electoral que se realizará el próximo 6 de junio de 2021, -entre otros cargos- se disputarán 15 gubernaturas, al mismo tiempo que se elegirán 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. A nivel estatal, además de las 15 gubernaturas, se votarán 30 congresos locales, eligiendo 1,063 diputados y más de 1,900 alcaldías en 30 Estados.
Las elecciones del próximo junio será la más grande jornada electoral que el país ha visto, destacando aspectos importantes como la alianza electoral integrada por el PRI, PAN y PRD, registrada ante el Instituto Nacional Electoral -como la coalición “Va por México”-, que de acuerdo con sus representantes, la alianza nació como respuesta a la solicitud de la sociedad de establecer un grupo de oposición, que abandonará las diferencias ideológicas entre los partidos y poder hacerle frente a la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformado por: Morena, PT, y el Partido Verde Ecologista de México. Los partidos PRI, PAN y PRD estarán en alianza en más de la mitad de los distritos electorales federales, y también competirán juntos en buena parte de los Estados.
Otra peculiaridad de la próxima jornada electoral es el hecho de que, por primera vez, los diputados federales en funciones podrán optar a la reelección, y una gran mayoría de ellos ha manifestado su intención de buscarla.
Para salir del desafío de un proceso tan grande y complejo, es importante que todas las partes hagan su labor, que los gobiernos estatales asuman su responsabilidad de crear las condiciones necesarias para la paz y el orden, que los partidos se comprometan formalmente a respetar la ley en todo el proceso y contribuyan real y efectivamente al indispensable fortalecimiento de las autoridades electorales, mismas que tienen una tarea compleja; mientras que el gobierno federal debe garantizar que las elecciones se celebren en todo el país de conformidad con la ley.
Hay mucho en juego, pero no hace falta decir que de los vínculos de poder que se produzcan en la integración de la Cámara de Diputados dependerán en gran medida si el gobierno actual tiene los contrapesos necesarios para evitar amenazas al progreso democrático que, durante las últimas décadas, hemos logrado como sociedad.
En los últimos meses, una sociedad decepcionada y enojada se ha manifestado por diferentes medios, sin denostar éstos, la mejor forma de expresar nuestro desacuerdo con lo que vivimos es nuestra participación responsable en un proceso electoral que finalmente marcará el rumbo de nuestro país y el futuro de las próximas generaciones de mexicanos.
No hay duda que la democracia de México enfrentará una dura prueba en la que todos tenemos la obligación de fortalecer nuestro sistema electoral, cuya construcción ha requerido múltiples recursos, entre otros, mucho tiempo, dinero y energía.
