A partir de las Declaraciones Universal y Americana de Derechos Humanos se desarrolló una serie de instrumentos internacionales en la materia, de carácter universal, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Regional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de contenido general, y específico, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de naturaleza declaratoria y vinculante.
Un aspecto importante es el tránsito de la utilización de “derechos del hombre” a “derechos humanos”, que tuvo lugar justamente con su internacionalización, desde la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y, posteriormente, en diversas constituciones, como en México la de 1857, en la que se utilizó el término “derechos del hombre”, con implicaciones no sólo gramaticales, sino sustantivas. Un ejemplo de ello lo podemos observar con claridad en el artículo seis de la Declaración Francesa, que otorgaba a todos los ciudadanos los derechos políticos, pero las mujeres entonces no gozaban de tal estatus.
Fue Eleonor Roosevelt quien participó en la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la que fomentó en la versión en inglés que se utilizara la locución “Human Rights”, para ya no hablar de los derechos del hombre o de la mujer, sino utilizar una expresión neutral y plural; no obstante, la versión en español cambió “derechos del hombre” hasta 1952, mediante una Resolución de Asamblea General de rubro “Adopción en español del término ‘derechos humanos’ en vez de “derechos del hombre””.
Las mujeres y niñas tienen derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Tienen derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o exparejas, a no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad, a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción, a vestirse como quieran, a estudiar lo que quieran, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin coacción ni presiones. Tienen derecho a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello.
Hace 70 años, las naciones del mundo adoptaron el compromiso de fomentar los derechos humanos y libertades sin distinción de sexo, raza, idioma y religión. Desde entonces se han puesto en marcha numerosos mecanismos y leyes, a nivel internacional, regional y nacional, para asegurar que dichos derechos y libertades llegan de manera efectiva a esa mitad de la población, las mujeres.
• En 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento clave de Naciones Unidas en la protección de los derechos de las mujeres.
• Desde el 2000 se han aprobado ocho resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el impacto desproporcionado de los conflictos en las mujeres y las niñas y que promueven su participación en el mantenimiento de la paz.
• En 2010 se creó ONU Mujeres, organismo de Naciones Unidas centrado en impulsar la igualdad de género en el mundo.
• En 2011 se aprobó el Convenio de Estambul, con el objetivo de abordar todas las formas de violencia hacia las mujeres en Europa.
• En 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incluyó la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• En 2018 el Foro Económico Mundial hizo un llamamiento para que ese año fuera “el año en que las mujeres prosperen”, dando luz a otro ámbito, el laboral y económico en el que también son discriminadas.
• En 2018 la Comisión Europea puso en marcha la plataforma “European Network for Women in Digital” para reducir la brecha de género digital en la UE.
• En 2018 el Consejo de Europa publicó su segunda Estrategia de Igualdad de Género que busca la igualdad de hombres y mujeres en todos los niveles.
El problema que aún existe en diversas partes del mundo es que las mujeres sufren discriminación y violencia continuamente, ya sea institucionalizada por ley o en la práctica, incluso en países con leyes que garantizan la igualdad. Y aunque se han conseguido avances significativos, en ningún país del mundo se ha alcanzado la plena igualdad de género.
En numerosos lugares del mundo a las mujeres se les niega la igualdad de derechos, lo que limita su autonomía y poder de decisión, su acceso a la justicia, a la educación, a la salud y a los recursos económicos, en un intento de convertirlas en ciudadanas de segunda. También son perseguidas por exigir sus derechos y alzar la voz contra la injusticia, por difundir información e ideas o, incluso, por su forma de vestir.
La falta de acceso en igualdad a la participación en la vida pública y política hace más difícil que las voces de las mujeres sean escuchadas, y cuando se atreven a defender sus derechos son perseguidas, amenazadas, agredidas e incluso pagan con su vida. Además, se les dificulta el acceso a cuestiones tan vitales como la tierra y la propiedad, lo que les sume en la pobreza.
Aunque casi la mitad de la mano de obra agrícola del mundo es femenina, las mujeres poseen menos del 20 por ciento de las tierras de cultivo. Al mismo tiempo, el 60 por ciento de las personas que padecen hambre crónica en el planeta son mujeres o niñas.
Según el Banco Mundial, 104 países tienen leyes que impiden a las mujeres realizar determinados trabajos y 18, leyes que permiten a los maridos impedir legalmente el trabajo a sus esposas. Y la Organización Internacional del Trabajo estima que 740 millones de mujeres trabajan en la economía informal, sin protección legal y con acceso o limitado o nulo a los sistemas de seguridad social. Además, existen 59 países que carecen de leyes sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo.
Por si no fuera poco, las mujeres siguen soportando una carga desproporcionada del trabajo no retribuido y de cuidados. El 65% de las personas sin pensión regular de jubilación son mujeres y casi 750 millones no tienen permiso de maternidad.
El número de hijos, cuándo y con quién tenerlos, o poder acceder al aborto, son cuestiones sobre las que las mujeres deberían tener la primera y la última palabra. Sin embargo, la sexualidad y la reproducción son objeto de numerosas leyes o prácticas ideadas para que otros controlen y tomen decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, lo que hipoteca sus opciones de vida.
La violencia contra las mujeres es la consecuencia más extendida y visible de la discriminación de género y tiene múltiples formas. La violencia en las relaciones de pareja, la violencia sexual, la violación de mujeres y niñas en contextos de guerra o prácticas como la mutilación genital femenina son caras de una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo.
Según la ONU se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas.
La violencia sexual es, asimismo, una de las formas más significativas de la violencia contra las mujeres y la mayoría de los perpetradores gozan de impunidad. En algunos países la legislación incluso discrimina a las supervivientes, las estigmatiza y agrava su sufrimiento. En el mundo 150 millones de niñas menores de 18 años han sufrido agresión sexual, en la Unión Europea, una de cada tres mujeres ha sufrido agresiones o abusos sexuales desde los 15 años de edad. Esta cifra se agrava en los países en conflicto dónde tan solo en el año 2018, la ONU documentó más de 2.500 incidentes de violencia sexual. Las redes sociales son un nuevo escenario de abusos contra las mujeres y niñas, algo que documentó Amnistía Internacional en un informe realizado sobre Twitter en países como Argentina, India, Reino Unido y Estados Unidos. En estos espacios son frecuentes los insultos misóginos, incluidas amenazas de violación.
Aún falta mucho camino por recorrer en el mundo, para que exista una igualdad de género y los Derechos Humanos sean equitativos.
