“Somos lo que hacemos
cada día. De modo que la
excelencia no es un acto,
sino un hábito”.
Aristóteles
En los últimos años, la actual administración mexicana ha realizado cambios sustanciales al esquema sanitario que durante tantos años se iba intentando perfeccionar. Cuestiones desde la gestión de instituciones públicas de salud, como hospitales, clínicas y demás centros de atención hasta el suministro y distribución de medicamentos, se vieron afectados de manera directa por dichos cambios.
Ante los nuevos retos derivados de tan vertiginosas y profundas modificaciones, el Estado se ha encontrado en la necesidad de alcanzar soluciones que satisfagan las necesidades de todos los sectores de la población, en especial, a aquellos de zonas particularmente difíciles de solventar.
Las transformaciones sufridas en los apartados de compra-venta, suministro y distribución, han propiciado la creación de obstáculos que trastocan y erosionan al sistema de salud, desde señalar en 2018 a las distribuidoras privadas de estos productos como empresas cuyas prácticas podrían ser equiparables a actos de corrupción, hasta la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI, en mejora y sustitución del antiguo Seguro Popular), pasando por la adquisición de diversos insumos médicos a través de instituciones internacionales (PAHO, Sistema GABI-COVAX, UNOPS), el actual gobierno mexicano ha intentado de todo para erradicar dichas prácticas en este sector, sin embargo, parece que con cada buena acción las consecuencias son cada vez más difíciles de subsanar.
En este orden de ideas, el gobierno ha optado por apostar al éxito de un pequeño sistema, cuyos orígenes se remontan a 1973, cuando se modificó la Ley del Seguro Social para facultar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a extender su acción a población sin capacidad contributiva, de extrema pobreza y de profunda marginación y, desde entonces, ha operado con distintas modalidades y nombres, siendo actualmente denominada “IMSS-Bienestar”.
Actualmente, IMSS-Bienestar es un programa de salud del gobierno federal administrado por el IMSS, por lo que la atención médica y los medicamentos que ofrece el IMSS-Bienestar dan de forma gratuita. Este programa brinda servicios de primer y segundo nivel de atención, mientras que para el tercer nivel los da a través de Jornadas Médicas Quirúrgicas, con las que unidades móviles recorren las localidades para brindar ocho especialidades, brindando así, a las personas que no tienen seguridad social, servicios de salud de carácter ambulatorio y hospitalario.
Según las reglas de operación, la población objetivo es “aquella no cubierta por ningún sistema de seguridad social, en su mayoría residente de localidades de alta y muy alta marginación, en las que el programa proporciona sus servicios. Esta población se encuentra inscrita en el PPA del Programa”.
Es importante señalar, que dentro de los beneficiarios también se incluye a los migrantes que necesitan atención durante su tránsito por el país, a quienes el programa otorga servicios mediante la estrategia de Atención a la Salud de los Migrantes.
En un sentido más amplio el programa IMSS-Bienestar da atención a 11.6 millones de personas, en 19 estados del país, a través de 3,622 unidades médicas rurales, 184 brigadas de salud, 140 unidades médicas móviles, 80 hospitales rurales y 45 Centros de Atención Rural Obstétrica (CARO). Los estados con mayor número de unidades son Chiapas (604), Oaxaca (526), Michoacán (387), Puebla (338) y Veracruz (324).
Con base en lo antes expuesto, se puede determinar que el gobierno otra vez está tomando decisiones repentinas, pues IMSS-Bienestar afronta un gran reto, ya que no hay un censo de pacientes, ya que hay un expediente electrónico, ni un catálogo de prioridades terapéuticas y tampoco está definida la manera en que se resolverán los problemas laborales, no sólo para el personal actualmente contratado por los servicios de salud estatales, sino también de los pensionados, ya que cada entidad tiene diferentes esquemas de contratación y se estima que el IMSS Bienestar atenderá a más de 34 millones de personas, que es la población objetivo, pero para 2025 la cifra será superior en 35 millones, adicionales a los más de 58 millones que ya son derechohabientes del IMSS.
Con base en lo anterior y a modo de conclusión, si bien este programa puede ser de gran utilidad para los ciudadanos más vulnerables, es necesario llevar un adecuada planeación para su desarrollo y aplicación, ya que la falta de claridad del esquema bajo el cual se pretende guiar y sostener al sistema nacional de salud es de alto riesgo, toda vez que no se cumple, ni se cuenta, con la infraestructura hospitalaria, con el personal médico suficiente de todos los servicios de salud del país para sostenerlo y guiarlo, debido a que cada entidad se guía bajo diferentes esquemas de contratación.
Esto representa diversas situaciones, por un lado, un riesgo para la la atención de la salud de la población mexicana, por el otro, que las decisiones en este ámbito no han sido las correctas pues, si bien es cierto que existían amplias áreas de oportunidad, éstas no se han solventado del todo, lo que genera rezagos, imposibilitando el correcto acceso y la garantía del derecho a la salud.
