De ser un tema que durante muchos años fue abordado con claro temor, incluso como tabú por los gobiernos y sociedades en gran número de los países del mundo, hoy se ha tornado como uno de los rubros de mayor importancia en discusiones de sobremesa y temática que, con gran amplitud, ha estado en la mira de muchos personajes de la vida jurídica, social y económica, así como también, a nivel de las agendas políticas internacionales y locales; México claramente no ha sido la excepción.
En el mundo, desde los años 60´s se ha normado el control y el uso de los estupefacientes y psicotrópicos, género del que el cannabis y sus derivados deductivamente se desprenden y que a través de sus convenciones y convenios, han pretendido establecer mecanismos que, a manera de candados regulatorios, generen contención al uso indebido de esos productos; por ejemplo, la ONU lo ha venido haciendo desde 1988 a través de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
Por su parte, nuestro país, contagiado por la efervescente inercia que amerita la discusión sobre el cannabis, desde las diferentes trincheras que conforman al Estado Mexicano, ha existido un sinnúmero de posicionamientos que han girado el timón hacia una única e inminente dirección; la próxima regulación sobre su uso y control.
Desde 2017, la actividad legislativa mexicana tuvo presencia cuando la Ley General de Salud y el Código Penal Federal abrieron el umbral para otorgar cierta permisibilidad al cannabis -cuando éste tuviera fines médicos o científicos-, siendo que para octubre de 2018, la propia agencia regulatoria sanitaria mexicana, COFEPRIS por sus siglas, emitiera unos lineamientos administrativos que permitían la importación de productos cannabinoides, situación que de alguna manera se vio también apalancada por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró que la prohibición del uso recreativo del cannabis era inconstitucional por su afectación al Libre Desarrollo de la Personalidad. Si bien los acontecimientos de 2018 no tendrían necesariamente que estar relacionados entre sí -y que los lineamientos de COFEPRIS fueron revocados posteriormente-, lo que es cierto es que ambos partieron de un tema que coyunturalmente los encontró, y éste es el cannabis y el cómo sí se puede.
Bajo esa tracción, quien fuera Senadora de la República en noviembre de 2018 -y hoy Secretaria de Gobernación-, Olga Sánchez Cordero, presentó la que se dice es la iniciativa de ley madre que da cabida a una regulación de cannabis desde una perspectiva mucho más integral -por la multifactorialidad que el tema conlleva- pues no se trata solo de regular el uso recreativo o uso adulto, sino observar también los componentes de siembra y cultivo, industriales, comerciales, con fines de investigación y desarrollo, médicos y científicos; una perspectiva generalizada por un amplísimo abanico de opciones.
Como resultado de esa iniciativa, una oleada de propuestas de decretos se dieron durante el primer semestre de 2019, así como una intensa reacción de discusiones legislativas en las que, durante todo el año, expertos internacionales, médicos, legisladores, funcionarios de diversas dependencias públicas, representantes del sector empresarial y, por supuesto, activistas y líderes de las organizaciones de la sociedad civil, expusieron a manera de Parlamento Abierto sus argumentos y sustentaron el por qué sí es necesario avanzar hacia una regulación sólida que permita, con sus correspondientes candados de seguridad, el adecuado uso y el consecuente control del cannabis en sus diversas ramas.
En una clara intención de dar banderazo y bajo una evidente expectativa de avanzar en el tema, en octubre pasado, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos -con opinión de la Comisión de Seguridad Pública- todas ellas del Senado de la República, presentaron un anteproyecto de dictamen por el que se pretendía expedir la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, que buscaba reformar y adicionar -respectivamente- diversas disposiciones de la Ley General de Salud; pretendiendo también reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal así como de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Si bien el proyecto referido trastocaba una serie de rubros, como lo son la Salud, la Economía, la Seguridad, el Empleo, entre otros; el mismo conllevaba algunas deficientes implicaciones legales, técnicas y sociales, desincentivando la esencia pretendida de una regulación en la materia, con una clara y evidente afectación hacia algunos sectores que hoy, estando consolidados en sus mercados, estaban siendo desplazados del juego cannabinoideo; me refiero, por ejemplo, a los productos cosmetológicos, pues de tajo el uso de éstos estaba siendo prohibido sin mediar para ello sustento que lo justificara.
Sin poder asegurar que las deficiencias técnicas que contenía el proyecto mencionado fueran la razón, pero sí con una urgencia extraordinaria, al notar que los plazos concedidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aproximaban, el Congreso de la Unión solicitó una prórroga para trabajar y aprobar la legislación para el uso y control del cannabis, misma que fue otorgada hasta abril de 2020, antes de que el periodo ordinario de sesiones concluya. Lo que sí es un hecho, es que la regulación -cuyo plazo concedido a la Secretaría de Salud por el Máximo Tribunal también está corriendo- deberá ir de la mano con aquél mencionado para el Poder Legislativo, en cuyo caso la referida regulación/reglamentación tendrá que columpiarse de la ley que en su momento se expida y sin contravenirla.
Cabe mencionar que, como resultado de los plazos otorgados y que ya he mencionado, el Legislativo ha publicado -el pasado 15 de enero- un modificación al anteproyecto referido, del que podemos presumir iniciará toda la discusión y el consecuente proceso legislativo que irá dando forma a la próxima normativa en la materia.
En efecto y como hemos venido mencionando, la regulación del uso y control del cannabis se vislumbra inminente, sin embargo, aún pareciera que existen algunas piezas del rompecabezas por embonar y que de alguna manera deben asegurar que en México consideremos cada uno de los detalles que nos apunten hacia un referente internacional, pues si la intención del legislador es realmente analizar la transversalidad del tema y con ello potencializar una oportunidad como éstas para que nuestro país sea líder del tema, con un claro reconocimiento mundial y en donde el beneficio sea holístico -incluyendo a las comunidades vulnerables-, entonces pienso que será requisito sine qua non que todos los actores involucrados desde la sociedad civil deban ser escuchados; la oportunidad que el tema da, en definitiva, es mucho mayor que el riesgo que pudiera implicar, siempre y cuando las cosas se hagan bien desde sus cimientos.
