El goce del derecho a la salud está reconocido a nivel mundial -como Derecho Humano Fundamental-, y en nuestro país, como Garantía Individual que encuentra fundamento al máximo nivel legal; es decir, en la Constitución.
El ejercicio de dicho derecho conlleva aspectos de autocuidado, pero también implica la obligación por parte del Estado de garantizar la protección a la salud y el acceso a servicios de salubridad general, la cual implica no solamente la atención médica, sino también el aspecto farmacéutico.
Hasta el año pasado, el sistema de proveeduría de medicamentos implicaba:
a) La autorización sanitaria por parte de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
b) La incorporación del insumo al cuadro básico institucional.
c) Que la institución encargada de brindar servicios a la población planeara, solicitara presupuesto y adquiriera los medicamentos para atender a su población derechohabiente; y
d) Que diversas distribuidoras de medicamentos participaran en las licitaciones correspondientes, agrupando los medicamentos de diversos grupos farmacéuticos.
En ese orden de actos, la Cofepris se responsabilizaba de garantizar que los medicamentos e insumos médicos que se incorporaran al cuadro básico cumplieran estrictos criterios de calidad, para lo que requería a los laboratorios diversos estudios de eficiencia, de fármaco-economía, que se realizaran pruebas para minimizar los efectos secundarios y que los mismos se encontraran claramente identificados y se hicieran del conocimiento del público usuario.
Por otra parte, en relación con el proceso de compras, las adquisiciones se realizaban a través de licitaciones públicas nacionales, en las que, como ya se mencionó, una empresa distribuidora presentaba las propuestas de diversas empresas farmacéuticas.
El actual gobierno ha realizado desde mediados del año pasado, diversas adecuaciones normativas y legales, que se advierte propugnan por un sistema de salud centralizado, en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concentra diversas facultades que pueden incidir directamente en la operación y acceso de la población a los servicios de salud, además de aquellas que permiten la compra de medicamento extranjero, aún sin cumplir los requisitos que se exige al mercado nacional.
Las reformas de referencia, por una parte, han otorgado un control casi absoluto en el proceso de adquisiciones a la Oficialía Mayor de la SHCP, mismo que ha sido ejercido, a la fecha, en dos procesos de licitación concentrado, y a través de los cuales, todas las áreas usuarias de medicamentos de cualquier institución del sistema de salud, debe remitir sus requerimientos de compra a la SHCP.
Los dos procesos a que se hace mención se realizaron bajo la figura de licitación pública internacional, abriendo el mercado a proveedores extranjeros, cuando el marco legal en materia de licitaciones obliga a que, para llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza, resulta necesario que primero se declare desierto un proceso nacional. La disposición relativa a que primero se declare desierta una licitación nacional, procura fortalecer el mercado mexicano, ya que las empresas nacionales dan trabajo a muchos mexicanos.
Durante este último año, además de abrir el mercado farmacéutico al extranjero a través de las mencionadas licitaciones internacionales, al menos en dos ocasiones se adquirieron directamente a proveedores extranjeros, es decir, sin que mediara licitación alguna.
En estos casos, las adquisiciones no respondieron a un criterio de ahorro económico, sino a uno de urgencia, ya que diversas instituciones se encontraron sin insumos suficientes para atender casos de enfermedades mortales, como el cáncer.
Además, los proveedores extranjeros no cumplieron con el requisito de obtener la autorización de comercialización de la Cofepris, aspecto que se ha intentado subsanar a través de otra adecuación normativa por la cual se exime este requisito, cuando exista una precalificación por parte de la Organización Mundial de la Salud, misma que no persigue los mismos fines ni regula o revisa los mismos aspectos que Cofepris.
El desabasto de medicamentos pudo atender a una incorrecta planeación de las áreas requirentes o a un inadecuado proceso de compras de la SHCP.
Sin ahondar demasiado en los factores que originaron este desabasto, es claro que estamos ante un panorama complejo donde la continuidad de tratamientos médicos no solamente obedece al derecho fundamental a la salud, sino que dependen de un aspecto normativo, presupuestal e, incluso, político.
La mayor problemática es que en temas de salud, el paciente transita en una carrera contra el tiempo y, en casos graves, cada día que pasa sin el diagnóstico oportuno y/o medicamento adecuado, puede exacerbar exponencialmente los síntomas y consecuencias de la enfermedad, con el consecuente aumento de costo en el sistema de salud y la inminente pérdida de calidad de vida.
Además, no hay que perder de vista que tener en casa a un paciente con alguna enfermedad grave y discapacitante (ej. cáncer, enfermedades respiratorias, etc.), implica la presencia y el cuidado constante de algún familiar, aumentando con ello el riesgo de exclusión social de la unidad familiar, sin dejar de mencionar la falta de productividad como resultado del ausentismo laboral y su impacto económico.
Ante este contexto, es fundamental que el Gobierno:
1) Aproveche el sistema de calidad farmacéutica que había logrado implementar la Cofepris, validando y reconociendo el proceso de fármacovigilancia a que están sujetos los proveedores nacionales y que no se aplica a las empresas extranjeras.
2) Se respeten los procesos y topes máximos en materia de adquisiciones y compras públicas, mismos que existen justamente para abatir la corrupción. En función que más adjudicaciones directas se realicen, mayor es el riesgo de que esta se presente.
3) Se priorice al mercado farmacéutico mexicano, mismo que no solamente está siendo tratado injustamente ante sus competidores extranjeros, sino que se está castigando sin considerar que la disminución de adquisición en el mercado interno, afecta también a miles de empleos de connacionales.
