En los últimos años, las plataformas digitales han transformado la manera de interactuar, comunicar, expresar y compartir información, sin duda alguna el cambio a la era digital ha traído un sin fin de ventajas; durante la pandemia derivado del virus SARS-CoV-2 se tuvieron que sustituir las formas de entretenimiento e interacción personal, evolucionando así las plataformas de contenido multimedia.
La creación y transformación de las plataformas digitales en donde se consigue que la difusión de eventos personales se efectúe de forma inmediata, masiva e incluso económica afecta en mayor medida a los niños y niñas a causa de que estos no cuentan con la capacidad suficiente de raciocinio para comprender y valorar las repercusiones que traen cada uno de sus actos; mientras que sus tutores legales, sin el consentimiento sobre su imagen personal, deciden documentar y compartir sucesos íntimos de manera lucrativa, exponiéndolos a audiencias desconocidas.
Algunos padres exponen aspectos de la vida de sus hijos e hijas en plataformas digitales con fines lucrativos, el objetivo deja de ser la creación de recuerdos y se enfoca en generar ganancias económicas a través de este contenido, esta tendencia es denominada “kids influencers” y hace referencia a aquellos menores que se encuentran dentro del rango de edad considerado como niñez.
Cada vez es más frecuente encontrar contenido protagonizado por niños y niñas en redes sociales, donde las cuentas suelen estar administradas por adultos, pero los menores aparecen de manera predominante en los videos, muchas veces sin la presencia de sus padres. En algunos casos, estos videos incluyen bromas realizadas por los padres hacia los menores, sin considerar las posibles repercusiones, ya que, las niñas y niños aún no tienen la capacidad de distinguir entre la realidad y la ficción, estas bromas, aunque puedan parecer inofensivas, reflejan una tendencia creciente que incluso puede comprometer la integridad de los menores.
La exposición de la imagen y datos personales de las niñas y niños puede generar estrés por la gran cantidad de compromisos y eventos en los que son contratados, generando graves daños a su salud física y mental, así como la posibilidad que los videos terminen en manos de redes de pedofilia.
“El consentimiento otorgado por el titular de una red social al publicar una imagen tiene como objetivo compartir información personal para interactuar con los destinatarios”[1], si bien quienes ejercen la patria potestad poseen representación legal de sus hijos, ello no les confiere el derecho de apropiarse de la imagen de los menores. La imagen constituye información personal del menor, no de los padres; el derecho sobre la imagen es exclusivo del menor, y en ningún caso los padres deberían lucrar con ella sin considerar que se trata de individuos incapaces de adoptar decisiones adecuadas para salvaguardar su bienestar.
[1] Toral Lara ,Estrella, “Menores y redes sociales: consentimiento, protección y autonomía”, Derecho Privado y Constitución, México, núm. 36, 29 de julio de 2020, P. 190, https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/39056dpyc3605toral-lara.pdf
La capacidad de toma de decisiones de los menores se encuentra limitada por la insistencia de los progenitores en integrarlos a las plataformas digitales; desde un punto de vista jurídico, los niños y niñas carecen de la facultad para adoptar decisiones plenamente conscientes y orientadas a su bienestar. Por esta razón, requieren la guía informada de un adulto que actúe en protección de sus derechos e intereses; no obstante, en el caso de los denominados kids influencers, esta orientación con frecuencia prioriza los intereses económicos de los adultos por encima de los menores.
Pese al crecimiento exponencial de esta tendencia, aún no existen normativas específicas ni asociaciones dedicadas a proteger a los niños creadores de contenido que participan en estas prácticas; como si existe en el caso de niños actores que cuentan con el respaldo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que garantiza el respeto a sus derechos mediante un trato especial, salarios justos, acceso a seguridad social, cumplimiento de su educación escolar y jornadas laborales limitadas a un máximo de seis horas diarias. La ausencia de regulaciones adecuadas deja a estos menores en una posición vulnerable, expuestos a posibles abusos y a la explotación dentro de un entorno digital que prioriza las ganancias económicas sobre su bienestar.
Resulta indispensable que los adultos que exponen a los menores comprendan los riesgos asociados a esta práctica. Asimismo, es fundamental fomentar un cambio de paradigma respecto al consumo de contenido relacionado con la infancia e impulsar la creación de políticas públicas sólidas, pertinentes y acordes con la realidad social actual, orientadas siempre a la protección integral de niñas y niños.
