En los últimos años, México ha presentado un crecimiento poblacional importante. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México habitan 9,209, 944 personas, cifra que refleja la magnitud y expansión de la capital del país. Sin embargo, este crecimiento también ha generado nuevas necesidades para la población, y una de las más importantes, pero históricamente olvidadas, es contar con un transporte público digno, seguro y eficiente, principalmente para quienes habitan las diferentes zonas de la Ciudad.
Las colonias populares, donde habita una parte importante de la población trabajadora, enfrentan diariamente uno de los principales retos de la ciudad: el acceso a un transporte público adecuado y eficiente. Para cientos de personas, acudir al trabajo, a la escuela o a una consulta médica implica recorrer largos trayectos y realizar múltiples transbordos. Incluso, es común que un traslado dentro de la misma alcaldía pueda tomar hasta dos horas debido a la escasa conectividad y a la limitada oferta de transporte público.
Si bien durante los últimos años se han impulsado proyectos como la ampliación de líneas del Metro, el fortalecimiento de la red de Metrobús y la construcción de nuevas líneas de Cablebús, estos esfuerzos aún no han logrado reducir las brechas de movilidad en las zonas con mayor rezago. Basta con observar los mapas de la red de transporte público de la Ciudad de México para advertir que múltiples colonias continúan siendo las menos conectadas, mientras la mayor parte de la infraestructura se concentra en corredores centrales y áreas con mayor desarrollo urbano.
Esta realidad representa, además, una afectación al derecho humano a la movilidad. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este derecho implica la obligación del Estado de proporcionar los medios necesarios para que las personas puedan desplazarse de manera libre, segura, accesible y eficiente, mediante las distintas modalidades de transporte público o privado.
En este contexto, la limitada oferta de transporte público no solo profundiza las desigualdades territoriales, sino que también restringe el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el acceso al trabajo, la educación, la salud y a un nivel de vida adecuado. Además, obliga a miles de familias a destinar una mayor cantidad de tiempo y recursos económicos a sus traslados diarios, afectando su calidad de vida y reduciendo sus oportunidades de desarrollo.
Hablar de movilidad no significa únicamente construir nuevas líneas de transporte; significa garantizar el acceso efectivo a derechos y oportunidades. La planeación de la infraestructura debe priorizar a las comunidades históricamente olvidadas, donde el tiempo invertido en trasladarse representa horas menos para convivir con la familia, estudiar, descansar o desarrollarse profesionalmente.
La movilidad debe entenderse como un eje de justicia social. Mientras existan habitantes que necesiten invertir hasta dos horas para recorrer distancias que deberían tomar apenas unos minutos, seguirá existiendo una deuda pendiente con las periferias de la Ciudad de México. Garantizar un transporte público digno no es solo una cuestión de infraestructura, sino una condición indispensable para construir una ciudad más equitativa, incluyente y respetuosa de los derechos humanos.
